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BOGOTÁ

Procuraduría pide amnistía para guerrilleros desmovilizados con Ley de Justicia y Paz

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Farc EP Amnistía

Foto: Yoani Sánchez‏Cuenta @yoanisanchez

El Ministerio Público exhortó a los magistrados de la Corte Constitucional a que declaren exequible la ley de amnistía y no descartar la acción de tutela como garantía.

Fontibón360. –El anuncio de la Procuraduría pone el acento en 3 puntos específicos: declarar la exequibilidad de la ley de amnistía para que no se caiga el decreto que la regula; que este beneficio se extienda a guerrilleros desmovilizados bajo la Ley de Justicia y Paz de 2005; y que se garanticen los derechos a la acción de tutela y el habeas corpus para los excombatientes.

El decreto 277 de 2017, que regula la ley de perdón para quienes cometieron delitos políticos o conexos, está en revisión por la Corte Constitucional para validar si se ajusta al ordenamiento jurídico vigente.

Existe el riesgo de que el decreto no pase el escrutinio de la Corte e invalide las acciones implementadas hasta ahora, como son el perdón a guerrilleros condenados por rebelión, que ya fueron indultados y trasladados a las zonas campamentarias de la guerrilla, y la protección a los menores de edad que hacían parte de las filas guerrilleras y que fueron acogidos por la misión de la ONU en Colombia y puestos bajo protección del Icbf.

La Procuraduría dice que “solicitó el condicionamiento integral dado que este decreto de Amnistía conforma una unidad normativa, con los beneficios de la Ley, por lo que una eventual inconstitucionalidad posterior, total o parcial, de la Ley 1820 de 2016, traería consigo el “decaimiento automático” de los apartes del decreto antes mencionado”.

La entidad también solicitó a la Corte que mantenga la legalidad jurídica del indulto a los combatientes hasta tanto entre a operar la Justicia Especial para la Paz (JEP) y añadió que en caso de que se declare la exequibilidad (o la aprobación constitucional de la ley de indulto) estos beneficios se extiendan a los excombatientes que fueron condenados y procesados por la Ley de Justicia y Paz a la que también se acogieron los grupos paramilitares desmovilizados bajo el gobierno de Álvaro Uribe.

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