sábado, diciembre 15, 2018
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Giovanni Suárez, el edil que tiene en jaque a la alcaldesa de Fontibón

Giovanni Suárez, edil de Fontibón del partido Cambio Radical.

Foto: Edimedios.

Llegó a la Junta Administradora Local con el aval de Cambio Radical –el partido de gobierno–, pero eso no le ha impedido ser hasta ahora el mayor opositor de la administración de Johanna Bocanegra.

Fontibón360. –Dice que se siente feliz de ser independiente, de haber denunciado oportunamente las presuntas irregularidades de la Alcaldía local y que está consciente del costo que ha significado hacer control político al gobierno local.

Para hacer este ejercicio hay que tener cuero (…). Porque hubiera sido muy fácil callar, mirar para otro lado, no decir nada y seguir tranquilos”, afirmó el cabildante de 39 años que llegó a la JAL en 2015, y que, en su primer edilato, se ha convertido en una  piedra en el zapato para Johanna Bocanegra y su equipo.

El edil Giovanni Suárez fue quien denunció, ante la Personería de Bogotá, las posibles irregularidades del millonario contrato 155 de 2016, celebrado entre la Alcaldía de Fontibón y Fonade, y por el que está siendo investigada disciplinariamente la mandataria local.

No me parece correcto tener que pagarle a Fonade un costo administrativo de 954 millones de pesos por la gerencia de este contrato, porque para la función que cumplió Fonade, para eso está la Alcaldía Local”, indicó.

En esa tarea inicialmente lo acompañó la edilesa Jhoana Riascos, del Centro Democrático, pero aparentemente por decisiones políticas de su partido, la cabildante dejó de hacer presión.

El mayor aprieto de la alcaldesa


La Personería de Bogotá formuló cargos en contra de Johanna Bocanegra en enero de este año –proceso que a la fecha no se conoce fallo de primera instancia– y aunque la funcionaria ha dicho que son “bienvenidas las investigaciones” de los entes de control, hoy tiene entutelado al personero que la investiga.

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No obstante, el edil Giovanni Suárez ha demostrado que se mantiene firme en su posición de hacer control político a la gestión de la actual mandataria porque, según dice, la normatividad así se lo exige y porque es un trabajo de convicción personal para el que fue elegido por un periodo de 4 años.

Realmente lo único que puedo decir, faltando un año para que termine el periodo, es que vamos a seguir haciendo el control político. Así eso nos cierre puertas”, señaló el cabildante local que espera los resultados de una indagación preliminar que el Ministerio Público Distrital adelanta al FDL de Fontibón por presuntas irregularidades en el recibo del mobiliario para la nueva sede de gobierno, otro caso que fue denunciado por él.

La alcaldesa, en la mira de la Fiscalía y la Contraloría


El edil Giovanni Suárez ha llevado sus denuncias hasta niveles de control penal y fiscal para que estos entes indaguen las presuntas irregularidades que se habrían cometido en el desarrollo del contrato 155 de 2016, firmado con Fonade.

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Yo me siento feliz de desarrollar este trabajo; me siento feliz de denunciar las cosas cuando lo tengo que hacer; me siento feliz de poder decir que soy independiente; me siento feliz de haber denunciado las cosas cuando las teníamos que denunciar (…). Por lo menos tengo la conciencia tranquila de que puedo caminar por la localidad sin que nadie me señale, eso es lo que más me interesa”, aseguró Giovanni Suárez a F360, pese a que un sector de la comunidad, cercana a la administración, lo ha retado airadamente para que se quede callado, un asunto que para él no reviste importancia.

Más denuncias


En junio de este año, el edil dio sentido negativo al sonado y muy ambicioso proyecto ‘Zona F’ que pretendía modificar urbanísticamente el casco fundacional del centro de Fontibón –con una inversión cercana a los $25.000 millones– al considerar que la propuesta era “inconstitucional, ilegal e inconveniente”.

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Además, en la ponencia que presentó Suárez a la JAL se cuestionaba por qué 7 ediles firmaban un Proyecto de Acuerdo cuando la iniciativa debería corresponder exclusivamente a la administración y advirtió que los cabildantes se habrían expuesto a una investigación por el delito de prevaricato por acción.

La edilesa Diana Sánchez también se apartó del proyecto y no firmó el cuestionado documento porque, según ella, la alcaldesa Johanna Bocanegra no aclaró la forma ni los términos en los que este se ejecutaría.

De igual manera, el díscolo edil de Cambio Radical y uno de los causantes de muchos de los dolores de cabeza de la alcaldesa local, alertó a finales de agosto de este año la intención que tenía la Alcaldía de adicionar cerca de $5.000 millones a un contrato de malla vial con INGEAP y decretar además una prórroga de 3 meses del contrato con ese operador.

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Una jugada que hasta para el Distrito significaba un riesgo por cuanto una prórroga de 3 meses superaría la vigencia actual y su justificación, que suponía un “ahorro administrativo” porque extendería hasta el 2019 un contrato con valores del 2017, en realidad ponía en riesgo el equilibrio económico del contrato, señaló mediante un oficio la Secretaría de Gobierno de Bogotá.

A la JAL llegué con un grupo de personas que decidieron brindarme un voto de confianza para que yo estuviera ahí y los representara (…). El costo político de hacerle frente o denunciar irregularidades ha sido alto, pues ha sido conscientemente de que esto iba a pasar y ha sido un gusto”, acentuó el edil Giovanni Suárez que espera, dentro de un año, repetir edilato para seguir haciendo control político y desvirtuar la idea de que los ediles están para cogobernar.

Redacción local.

@Fontibon360

Editorial
Javier Segura es periodista egresado de la Universidad Central. Ha sido reportero en Caracol Radio, La W Radio, primerapagina.com y editor de contenidos para Terra Networks en Colombia. Actualmente es agregador de noticias para pulzo.com y editor general de Edimedios S.A.S.

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